La auditoría tardía e irregular a los subsidios de los transportistas que no tuvo consecuencias

Bajo el argumento de “ayudar a los transportistas con el encarecimiento del combustible tras la pandemia”, el gobierno dispuso desde el año 2021, y hasta al menos finales de 2025, miles de millones de pesos en subsidios a los combustibles para este sector. Sin embargo, en una buena parte de ese período no se ejecutó una auditoría real sobre cómo estaba funcionando ese “mecanismo de beneficios”.

El programa de subsidio al gasoil del transporte público funcionó más de tres años sin una auditoría , según documentos obtenidos por este medio a través del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mostrando que recién la primera orden fue en el año 2024, pero ejecutada en el 2025 , mientras Milton Morrison dirigía la entidad.

El documento que contiene el informe final indica que tomaron y revisaron una muestra de más de 1.5 millones de galones de combustible, análisis que concluyó en “ hallazgos no transparentados ni justificados en la muestra auditada ”. Aunque el Intrant dice que solo se analizó una muestra, también asegura en el informe que “la auditoría abarcó el 100% de los beneficiarios”.

Según la institución, la Dirección de Inspectoría General visitó 417 asociaciones y sindicatos de transporte , así como las cinco distribuidoras que abastecían el 99 por ciento (%) del combustible a las federaciones, abarcando el acuerdo entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024.

Son múltiples y diferentes los hallazgos de irregularidades expuestos por la institución en su auditoría. Entre ellos aparecen 79 asociaciones que recibían combustible sin figurar como beneficiarias en la relación de despacho. Aproximadamente unos 738 mil galones de gasoil mensuales (poco más de RD$35 millones) eran otorgados a entidades que no figuraban en la lista, las cuales tampoco fueron mencionadas.

También unas 45 asociaciones que sí estaban en el acuerdo habían recibido cantidades que no les correspondían. Según refleja el reporte, lo recibido por estas no coincidía con lo anotado por el “conduce firmado”.

En cuestiones de números, indican que eran aproximadamente 219 mil galones o poco más de RD$10 millones. Dentro de ese análisis señalaron que casi una cuarta parte de las inspecciones realizadas a sindicatos y asociaciones “presentó discrepancias entre la recepción del combustible distribuido y lo registrado en el conduce firmado”.

Entre las asociaciones, unas 23 aproximadamente aseguraron no recibir combustible y otras 45 “compartían tanque”, actividad que, según el informe, dificulta controlar las cantidades asignadas. Sumado a eso, el documento calcula que unos 708 mil galones asignados (RD$34 millones aproximadamente) no se consumieron .

El 29 de abril de 2025, el entonces director del Intrant, Milton Morrison, firmó y remitió cartas a 12 federaciones de transporte y a las cinco distribuidoras de combustibles con los hallazgos de cada una y les dio 72 horas para responder por escrito . En las misivas no se menciona la palabra “irregularidades”, sino “oportunidades de mejora en los mecanismos de control y supervisión” , señalando sí “discrepancias” o “verificación” de ciertas actividades.

Entre los destinatarios de las cartas aparecen los senadores oficialistas y presidentes de federaciones de transportistas Antonio Marte ( Conatra ) y Ricardo de los Santos ( Fenatrado ), así como Juan Hubieres ( Fenatrano ).

Otro de los documentos recibidos, el “informe de cierre” que lleva como fecha el 6 de mayo de 2025, contabiliza 189 hallazgos con seguimiento: 51 corregidos en su totalidad; 74 de forma parcial y 64 sin corrección.

También establece que a esa fecha dos distribuidoras de combustibles y tres federaciones, entre ellas Conatra, que es la que recibe el tope mensual más alto del programa, no habían remitido sus respuesta respecto a los hallazgos.

A pesar de las irregularidades, la falta de respuestas y, en general, los hallazgos de la auditoría, un día más tarde (7 de mayo), el MICM y el Intrant firmaron una nueva adenda que agregó más de 1,500 millones de pesos en subsidio, por seis meses, para extender la vigencia del acuerdo hasta finales de diciembre.

Cinco meses más tarde, específicamente el 8 de octubre de 2025, el MICM, en ese entonces todavía dirigido por Víctor ‘Ito’ Bisonó, notificó al Intrant mediante el oficio número 1253 , su decisión de dar por terminado el acuerdo de cooperación que habían mantenido desde 2021 para “canalizar subsidios de combustible a las federaciones de transporte público”.

No obstante, el 4 de diciembre, una nueva adenda revela un cambio en la historia. Según el documento que contiene la adenda número ocho, pese al supuesto cierre del acuerdo, “ fueron autorizados despachos adicionales a los montos pactados , ocasionando que se generaran facturas adicionales al monto previamente acordado por las partes”.

El texto no identifica claramente quién dio esas autorizaciones. La institución mencionada justo antes en la oración es el Intrant, pero la redacción del documento no la nombra.

Esta última adenda incorporó poco más de 171 millones de pesos “única y exclusivamente para poder pagar las facturas que se encuentran pendientes a honrar y que fueron generadas en exceso del monto originalmente pactado”, al tiempo que aclara que eso no implica “una reactivación adicional del programa”, pero sí deja libre a interpretación un mal manejo de fondos que dejó deudas pendientes.

Fuente: Listín Diario · La República