El Gobierno prepara un decreto ley para acelerar las devoluciones de migrantes a Marruecos

Cincuenta y siete días después del salto masivo en Ceuta y tras semanas de reuniones técnicas, el Gobierno está trabajando en un decreto ley para acelerar las expulsiones a Marruecos de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. El Ejecutivo trabaja a marchas forzadas para dar luz verde a esta normativa en el Consejo de Ministros del próximo martes y así facilitar los trámites para las devoluciones , según ha podido saber EL PAÍS. Aunque el desarrollo del decreto ley involucra a varios ministerios, ha sido Interior el responsable de impulsarlo. Esta norma de carácter extraordinario afectará a todas las solicitudes de asilo registradas en Ceuta desde el cruce masivo del 30 de julio y recortará los plazos administrativos y judiciales.

El objetivo de este endurecimiento de los procedimientos es despejar el principal obstáculo que dificulta las devoluciones a Marruecos. Mientras una solicitud de asilo está en trámite, o mientras su rechazo puede seguir siendo recurrido, el migrante mantiene determinadas garantías que frenan su retorno y le garantizan la permanencia en territorio español. Con la nueva regulación, el Gobierno busca acortar esos plazos, resolver con mayor rapidez los expedientes acumulados en Ceuta, donde permanecen, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cerca de 18.000 migrantes, y limitar las posibilidades de que las solicitudes de protección internacional paralicen durante meses la ejecución de las devoluciones.

El Gobierno no ha hecho público todavía cuántas solicitudes de asilo de los migrantes llegados el 30 de julio han sido rechazadas. Los últimos datos oficiales disponibles afirman que, hasta el 22 de septiembre, 2.546 adultos habían pasado por el triaje policial previo y el Ejecutivo aseguraba que la mayoría optaba por pedir protección internacional. El ministro Torres, que también es mando único de la gestión de la crisis , explicitó que, según sus previsiones, la mayoría serían rechazadas. Se trata de un extremo que ha confirmado en varias ocasiones el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cifró en el 1% el porcentaje de solicitudes de protección aprobadas para ciudadanos marroquíes .

La redacción que maneja ahora el Gobierno introduce cambios en prácticamente todas las fases del procedimiento con el objetivo manifiesto de acelerar las devoluciones a Marruecos. Para ello, elimina el filtro que actualmente realiza la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, (CIAR) con un examen previo. Con esta medida extraordinaria ya no sería necesario e Interior podría avanzar directamente a su resolución sin esperar el dictamen.

Pero el cambio de mayor alcance es, sin duda, el que afectaría a los migrantes que permanecen aún en Ceuta a la espera de que se acepte o deniegue su solicitud. Salvo modificaciones antes de su discusión en el Consejo de Ministros, el decreto prevé que, mientras esté vigente la situación de interés para la seguridad nacional declarada en Ceuta el pasado 25 de agosto, determinados migrantes perderían esa protección . Entre ellos, los nacionales de países considerados seguros por la Unión Europea, como Marruecos; quienes presenten solicitudes sucesivas; o quienes sean considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Es decir, en la práctica, la medida permitiría ejecutar devoluciones sin esperar a que finalicen todos los recursos presentados por los migrantes solicitantes de asilo. El texto explicita que en esos casos en los que aún no se han aceptado o denegado, el trámite para estudiarlos seguirá, aunque los migrantes hayan sido expulsados de territorio español.

El Gobierno también quiere acortar los tiempos en los tribunales. La norma establece un plazo de cinco días naturales para recurrir determinadas denegaciones de asilo y ordena que estos procedimientos se tramiten con carácter preferente.

El texto incluye un mecanismo más, que aún está en fase de discusión por los diferentes ministerios implicados. Interior busca que, cuando los migrantes solicitantes de asilo abandonen los centros de acogida en Ceuta, su solicitud pueda ser archivada y sean susceptibles a la expulsión. Un extremo polémico dadas las condiciones de algunas de las instalaciones que refugian a los migrantes en la ciudad, sobre las que hay investigaciones en curso por sospechas de malos tratos.

Fuentes conocedoras de la elaboración de la norma sostienen que el Gobierno ha diseñado el texto para blindarlo jurídicamente y evitar que las devoluciones de migrantes queden paralizadas por recursos masivos. Este decreto ley tendrá que lograr un equilibrio entre el control migratorio y las garantías vinculadas al derecho de asilo reconocidas en la legislación internacional. Las organizaciones especializadas en protección internacional y defensa de los derechos humanos han cuestionado tradicionalmente los intentos de acelerar los procedimientos, al considerar que dificultan el examen individualizado de las solicitudes.

Una de las dificultades que plantea esta iniciativa es que reformará a través de decreto ley cuestiones recogidas en una ley orgánica, por lo que se tendrá que afinar al máximo el encaje jurídico.

El decreto que el Ejecutivo espera aprobar el martes será el segundo de carácter extraordinario aprobado como respuesta a la crisis migratoria de Ceuta. El primero fue el real decreto que declaró la situación de interés para la seguridad nacional, una herramienta prevista en la Ley de Seguridad Nacional para reforzar la coordinación de todas las administraciones implicadas. Si aquella norma buscaba ordenar la respuesta institucional ante la llegada masiva de migrantes, la que ahora prepara el Gobierno pretende abordar la siguiente fase de la crisis: acelerar la resolución de los expedientes de asilo y facilitar las devoluciones a Marruecos.

Fuente: El País